Lobos por corderos: Ammar y la explotación sexual

[Si vos o alguien que conocés está en situación de trata de personas, podés comunicarte a la línea 145 las 24 hrs, todos los días del año, de forma gratuita, anónima y desde cualquier lugar del país]

“Puta feminista”, esboza la remera que utiliza una mujer en las repetidas charlas y conferencias que da en universidades, organizaciones y marchas feministas. Ella no es la única: a su lado y detrás, se suma un colectivo de mujeres que se nuclean bajo el nombre de Ammar, que simboliza a la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas.

Su presencia se hizo cada vez más fuerte dentro del feminismo, pero también en la sociedad. Los principales títulos de los muchos medios que las entrevistan dicen dos palabras clave: “trabajo sexual”.

Según su sitio web, el objetivo de la asociación es “defender los derechos humanos y laborales de las Trabajadoras Sexuales de la Argentina”. A partir de esta premisa, sus referentes hablan en redes sociales en un intenso debate respecto a si la prostitución debe o no ser reglamentada en el país.

Pero la aparición en los medios no es sólo por la defensa de los derechos. Algunos titulares se cuelan en el discurso y hablan de procesamientos y causas por proxenetismo y trata de personas a sus dirigentes.

Más allá de las posiciones sobre este debate y quienes integran los bandos divididos en “regulacionismo” –a favor de la reglamentación– y “abolicionismo” –en contra–, al investigar sobre esta asociación surgen algunas dudas de si sus dirigentes realmente representan lo que dicen representar: la libertad de ejercer la sexualidad a su gusto.

El origen: la historia detrás de la Asociación

Para entender este dilema hay que remontarse a los inicios. Ammar surge alrededor de 1994 de la mano de distintas mujeres en situación de prostitución que buscaban luchar contra la violencia policial. En esa época, muchas, por no decir todas, las provincias poseían códigos contravencionales que establecían la posibilidad de multar y encarcelar a cualquier persona que ejerciera la prostitución.

De estos códigos es que se desprendían prácticas ilegales, como la intimidación, amenaza, brutalidad y el cobro de coimas de los policías a las mujeres. Con el puño en alto, Ammar buscaba justicia en una causa que era silenciada.

En 1995 el carácter de la asociación se modificó. Esta lucha llamó la atención y generó el acercamiento de la Central de Trabajadores de la Argentina. De repente, la posibilidad de autonombrarse como “trabajadoras” y reivindicar la prostitución tocó la puerta a través de un acuerdo –estatuto– organizado por la CTA con el Ministerio de Trabajo a cargo de Patricia Bullrich para organizarse como sindicato. Un acuerdo que no había sido redactado por ninguna de esas nuevas “trabajadoras”.

“Los compañeros de la CTA fueron los primeros en nombrarnos ‘trabajadoras sexuales''', escribieron las integrantes de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH), fundada por ex integrantes de Ammar.

“De 120 mujeres y travestis, más de 100 apoyaron el continuar organizadas, pero no como sindicato. La CTA formó el sindicato igual, con las dos únicas referentas que habían aceptado el estatuto”, cuentan en AMADH. Así, Ammar se construyó a lo largo de los años como la representante del regulacionismo argentino y del resignificado del trabajo sexual.

El engaño: la fachada de la cooperativa

En sus redes sociales inundan las fotos. Banderas en marchas feministas que buscan parar la criminalización de las trabajadoras sexuales, recorridas por los barrios para dar alimento y cuidado a personas en la prostitución, charlas y conferencias en universidades para hablar de la regulación del trabajo sexual. La palabra “autonomía” se resalta enormemente en sus publicaciones y escritos: su objetivo sería lograr la sanción de distintos proyectos de ley provinciales, y uno nacional, que permitan la regulación y el ejercicio del trabajo sexual autónomo en el país sin criminalización.

Ocasionalmente, alguna polémica se les acerca. A principios de este año, la famosa y cantante Jimena Barón se reuniría con Georgina Orellano, actual secretaria general nacional de la asociación, para entender el contexto de las trabajadoras sexuales y, más tarde, estrenaría su canción “Puta”. La reunión entre ambas se vería ilustrada en Instagram unos días después.

Más allá de un debate que parece no tener fin sobre si el trabajo sexual es moral, laboral y/o políticamente correcto, Ammar es una asociación que no podemos ignorar, principalmente, porque las “polémicas” no son solo mediáticas.

Nuestra atención comienza a aparecer en el año 2014. De repente, se esbozaba en Página 12 un artículo sobre el procesamiento de Claudia Brizuela, titular de Ammar Capital, filial que representa a las trabajadoras sexuales de la Ciudad de Buenos Aires. Los cargos la acusaban de utilizar a la asociación como una pantalla para una red de trata y explotación sexual.

Según se reporta, allí se obligaba a mujeres a prostituirse hasta 36 horas seguidas y a realizar alrededor de 18 “pases” por día, acompañados por amenazas en caso de que no cumplieran. Junto a estos abusos, Brizuela otorgaba a las víctimas carnets de Ammar Capital a partir de los cuales se les quitaba 100 pesos por mes cuando, en realidad, la cuota sindical representaba un valor de 5 pesos. Cabe resaltar que según la causa Ammar Capital regenteaba prostíbulos tanto en la ciudad como en la provincia, de los cuales fueron rescatadas alrededor de 31 mujeres.

Claudia Brizuela (tercera desde la derecha), ex dirigente de Ammar Capital, junto a Georgina Orellano (cuarta desde la derecha), actual secretaria general nacional, y otras compañeras de la asociación. Fuente: Ammar

La reacción de Ammar fue instantánea. Ese mismo día, publicó un comunicado en su página web en respuesta a dicho artículo. Los motivos de réplica se basaban en que este artículo sostenía, en el momento de la publicación, que Brizuela seguía formando parte de la asociación. Ammar manifestó que ésta había sido previamente desvinculada y, más abajo, en mayúsculas y negrita, que la asociación no estaba a favor de la trata y la explotación sexual.

Solo cinco años después la secretaria general de Ammar Mar del Plata, María “Malu” López Villagra, fue procesada en una causa por trata de personas, donde se la acusaba de explotar sexualmente a tres jóvenes en un prostíbulo que regenteaba.

La acusada engañaba a sus víctimas en dos aspectos. Primero, en las características del trabajo. López no mencionaba a todas que el trabajo era de carácter sexual sino que, a la hora de captarlas, al menos una pensó que estaba accediendo a un empleo de secretaria.

¿Por qué hablamos de “captación”? Porque operar a través del engaño, según la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, implica un ejercicio de la trata de personas. Pero, ¿no es que, según esta asociación, el trabajo es autónomo y las mujeres recurren a ellas para ser trabajadoras sexuales? La respuesta es no.

Según esta historia, Malu López captó a algunas de sus víctimas a través de un espacio de militancia peronista llamado “Descamisados”. Había ingresado con la excusa de militar pero, en realidad, sus objetivos implicaban convencer a distintas mujeres de establecer un “departamento VIP”. No había una decisión independiente y autónoma de parte de las víctimas, sino una presión manipulativa para ejercer el “trabajo sexual” de parte de la acusada.

El segundo aspecto de engaño se basaba en el carácter de la organización. Malu López le decía a sus víctimas que el objetivo era la formación de una cooperativa. Según la Ley 20.337, estas son “entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios”. Las cooperativas, establece, “no otorgan ventaja ni privilegio alguno a los iniciadores, fundadores y consejeros, ni preferencia a parte alguna del capital”. Es decir, son entidades donde el reparto del trabajo, los ingresos y los costos funcionan de manera equitativa entre sus integrantes.

Malu López no cumplió ninguna de las condiciones sostenidas por la ley. En primer lugar, porque la acusada no trabajaba, sino que se encargaba de pasar durante las noches para retirar su “porcentaje” de los ingresos que, analizando desde los términos legales establecidos, debería ser nulo al no ejercer el trabajo acordado. Y en segundo lugar, porque ese “porcentaje” representaba más del 50% de las ganancias de las mujeres sometidas a la prostitución que se acompañaba de un control constante sobre las víctimas y la suma de multas por no asistir al local. También existían amenazas, muchas veces contra los hijos de las víctimas.

La respuesta de Ammar fue que ella era inocente. Georgina Orellano, cabeza actual de la organización, manifestó en un tweet a Diana Maffía, actual directora del Observatorio de Género: “Ya nos posicionamos públicamente y estamos acompañando a nuestra compañera que es madre de 5 hijos y no es ninguna proxeneta”. Mientras tanto, López Villagra aceptaba su culpabilidad en los cargos de explotación de la prostitución ajena.

El discurso de Ammar en estos casos se centra, principalmente, en dos aspectos que pueden verse en su página web y en sus redes sociales. El primero, afirmar que las personas que son retratadas como víctimas en las causas o allanamientos son en realidad trabajadoras sexuales independientes que sólo estaban haciendo su trabajo. El segundo, que, por esta misma razón, nos encontramos bajo un sistema que las criminaliza.

En este último punto, hay coincidencia. La criminalización de las personas en situación de prostitución es bien sabida en Argentina, más específicamente, en aquellas provincias cuyos códigos contravencionales siguen llevando presas a las personas que se encuentran en las esquinas. Aún así, es curioso que esa criminalización siempre aplique a sus dirigentes procesadas por trata de personas, mientras ignoran el testimonio de las “trabajadoras sexuales independientes” que denuncian la explotación de sus referentes.

Y cabe resaltar que esas “trabajadoras” siempre son mujeres en situaciones socioeconómicas y familiares vulnerables. En el caso de Malu López, había amenazado a una mujer inmigrante con que la prostitución era ilegal en Argentina –cuando no lo es– y que por ende iba a ir presa si hablaba.

En el procesamiento del año 2019 a Teresa Godoy, titular de Ammar en Neuquén, se allanó un “local” con 13 mujeres argentinas y dominicanas. Se la acusó de trata de personas y de abuso de situación de vulnerabilidad. A pesar de que la titular tenía el consentimiento de las trabajadoras sexuales, las mismas eran sometidas a explotación económica, donde, igual que Malu López, se llevaba más del 50% de sus ingresos.

La defensa de Ammar fue que solo se la acusó por “figurar en el contrato de alquiler”. Y la defensa de Fernando Diez, abogado de la acusada, fue que la explotación laboral ocurría en este como en otros escenarios y trabajos. En resumen: explotar a mujeres en la prostitución no es una problemática de gravedad porque esa explotación ocurre también en otros trabajos.

Teresa Godoy (derecha) en una charla para denunciar el cierre de dos prostíbulos en la ciudad de Neuquén por denuncias sobre trata de personas. Fuente: Diario Norte

Aún así, Ammar tiene un gran apoyo en redes sociales de la mayoría de los medios de comunicación y del movimiento feminista. Mayormente, como ya mencionamos, se afirma que las denuncias son realizadas por personas que buscan criminalizar a las trabajadoras, a quienes ellas apodan como "policías" o “yutas”.

Las palabras de autonomía se vuelven contradictorias cuando observamos que todas estas denuncias fueron realizadas por víctimas de estas mujeres. La contradicción aumenta cuando la explotación arruina vidas, como es el caso de Andrea, víctima de María López Villagra. Para el momento en que fue llevada a la justicia, la acusada había sido previamente denunciada por dos mujeres. Andrea fue una de las víctimas que, no solo fue engañada bajo el ofrecimiento de un trabajo como “recepcionista”, sino que, además, había sido manipulada a través de la insistencia constante de Malu López.

“Ella con el cuentito de ‘ser puta es cool y divertirse y ganar mucho dinero’ iba captando a las chicas de esa manera, sin necesidad de tener que secuestrarlas. La idea de ella era que yo regenteara ese lugar con esas chicas”, contaba a Infobae. Andrea se negó. ¿Cómo reaccionó María López? “Mandó a un vecino a violarme con un arma en el prostíbulo”. Actualmente Andrea tiene estrés post traumático y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. Y como agravante, tuvo que mudarse de Mar del Plata junto a su hija Sofía.

Malu López (sin máscara) sostiene que el “trabajo sexual no es igual a trata”. “Detienen a las más grandes y las acusan de ‘proxenetas’. Pero somos putas, no sarnosas. Somos mujeres trabajadoras”, dijo en una entrevista del medio Cosecha Roja.

Durante los allanamientos, las integrantes de Ammar obligaban a sus víctimas a repetir un discurso muy conocido dentro de la trata de personas. Alika Kinan, sobreviviente de trata, comentaba en más de un artículo como sus proxenetas la manipulaban psicológicamente para que, durante los allanamientos, ella dijera que estaba ahí por voluntad propia. María López y Claudia Brizuela les hacían decir algo parecido a sus víctimas: no las debían nombrar y tenían que decir que alquilaban el local entre amigas, o que eran una cooperativa.

Estas acciones se extienden a las causas. En el caso de Claudia Brizuela, Ammar Capital funcionaba como una fachada dentro de los prostíbulos: se requería que las trabajadoras ingresantes tuvieran un carnet de la asociación para así generar una falsa idea de autonomía sexual en el lugar cuando, en realidad, las mujeres no estaban ahí por su decisión. Las acciones hablan mucho más de una complicidad proxeneta que de una defensa de esta autonomía.

Para desmentir el supuesto cuento de acusaciones y procesamientos injustos a sus referentes, Ammar pone en su página web estadísticas dudosas que comprueban la discriminación que sufren. Dicen que “el 43% de las causas por trata de personas criminalizan a mujeres”, pero no hay fuentes que lo comprueben. Plantean que la ley actual contra la trata de personas, la nro. 26.364, refuerza un “sistema punitivista” que aumenta la criminalización, pero la ley nunca hace referencia a otra cosa que no sea la “explotación ajena”.

Definición de explotación de la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas

¿Qué es lo que realmente le molesta a esta asociación de esta ley? Esto se extiende al punto tal que Ammar sugiere otra opción: un proyecto de ley que busca presentar para reformarla.

La definición: el trabajo sexual según Ammar

Ammar expone en su página web diferentes proyectos de ley a nivel nacional y provincial. Estos proyectos vienen acompañados de dos objetivos básicos: primero, la regulación del trabajo sexual; y segundo, que se incluya una categoría específica dentro del monotributo para poder inscribirse, acceder a una obra social y realizar aportes jubilatorios.

En todos estos proyectos siempre se define igual al trabajo sexual. Pero para ejemplificar, utilicemos el artículo 2 de la Ley Nacional de Regulación del Trabajo Sexual Autónomo presentada en el año 2013: el trabajo sexual es “la actividad voluntaria y autónoma de ofrecer y/o prestar servicios de índole sexual, a cambio de un pago, para beneficio propio”.

En el artículo 4 agrega que, en caso de regulación, “toda persona legalmente habilitada para ejercer el trabajo sexual puede prestar sus servicios en locales o casas, administrando su organización en forma individual o colectiva”.

¿Cuál es el problema con estas definiciones? Que hay una contradicción entre sus artículos y, también, con las definiciones desplegadas.

Por un lado, en sus proyectos de ley dicen ser autónomas y lo mismo expresan en el sitio web oficial donde piden que se cree una categoría de monotributo para las y los trabajadores sexuales. Pero, a la vez, Ammar se define constantemente en sus redes, página web y entrevistas como “el sindicato de trabajadoras sexuales”. Su relevancia radica en que no es posible ser autónomo y a la vez ser un sindicato. Como tampoco es posible ser autónomo pero que las personas habilitadas puedan administrar una organización como dice el artículo 4.

Una vez que se concreta e impone la organización sobre otras personas, esa autonomía deja de existir, contradiciendo el artículo 2. Casos como el de Andrea lo prueban: las mujeres son presionadas a ingresar a una “cooperativa” que las explota económica y sexualmente.

¿Cuál sería el problema con la sindicalización de Ammar? Que hacerlo significaría trasladarse de la autonomía a la relación de dependencia. Y si hay relación de dependencia, como ya conocemos, la figura del proxeneta aplicada por Malu López, Teresa Godoy y Claudia Brizuela se legaliza.

Apartándonos de esta contradicción, el objetivo de Ammar no es tanto establecer el servicio sexual como una relación de dependencia sino como una de oferta y consumo donde hay un “vendedor” y un consumidor.

Esto abre un abanico nuevo de vulnerabilidades para las personas que ejercen el trabajo sexual o se encuentran en la prostitución. Primero, porque significa que no tienen protección: la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), es decir, la encargada de la prevención y reparación de daños para los empleados en caso de accidentes, enfermedades, entre otros, no es válida para las y los trabajadores.

Segundo, porque esto implica que el consumidor de la oferta sexual puede recurrir al amparo de las leyes del consumidor, que establecen que la parte débil en la relación es este y no el ofertante. ¿Por qué se busca este tipo de relación cuando se contradice con la ley que quieren reglamentar, que expresa que la parte débil es precisamente la persona que ofrece el servicio sexual?

Esta vulnerabilidad aumenta con el pedido ya mencionado de Ammar de que se incluya una categoría específica dentro del monotributo para poder inscribirse como trabajadores sexuales.

En principio, sabemos que se puede ingresar al monotributo bajo otras categorías y así acceder a estos beneficios igual, pero dejemos de lado esto. Efectivamente al poder ingresar como monotributistas accederían, al realizar sus aportes, a una obra social y una jubilación y/o pensión. Esto sin duda mejoraría en parte el bienestar de las personas que están en la prostitución, pero no es suficiente. En caso de enfermedad de cualquier tipo, las y los trabajadores se quedarían sin poder ejercer y, en consecuencia, tampoco podrían seguir realizando aportes. En caso de que tengan un accidente estaríamos ante la misma situación.

A la vez, la edad jubilatoria sugerida es a la misma edad que otras profesiones, un problema grande si consideramos que, por ejemplo, el 90% de las personas trans y travestis ejercen la prostitución y tienen una mortalidad de 35 años.

Por esto mismo Lohana Berkins, referente travesti e impulsora de la ley de cupo laboral trans y travesti, dijo en el conversatorio “Prostitución/Trabajo sexual: las protagonistas hablan” que la prostitución “no es un trabajo para las travestis en Argentina y América Latina” porque funciona como “una imposición de los Estados”.

“El único medio de supervivencia que tenemos, es la prostitución. Por lo tanto para nosotras, más allá de las condiciones, si son precarias o no, o en las condiciones en que se establezcan, no es un trabajo”, expuso.

Considerando todas estas variables y contradicciones, podemos llegar a la conclusión que las personas en situación de prostitución se encontrarían con un riesgo y exposición que Ammar aseguró que no iban a tener cuando prometió protegerlas. Pero además, con que con la sanción de estos proyectos el proxenetismo y la explotación se volverían mucho más fácil de ejercer en la organización.

Si miramos el proyecto de ley de Habilitación y Funcionamiento de Establecimientos que brindan servicios sexuales presentado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2014, encontramos el modelo de organización que Ammar sugiere. “El establecimiento puede estar organizado de manera individual autónoma o bajo la forma de cooperativa autónoma”.

Actualmente no se conoce ningún caso de allanamientos a cooperativas –sean de Ammar como otra organización– en donde realmente funcionaran y no fueran una fachada para la explotación. El artículo 14 del proyecto de Ley Nacional dice que es un derecho de todo trabajador sexual “gozar de condiciones dignas de labor, libre de violencia, explotación y discriminación”, pero sabemos que para las víctimas de Malu López, Teresa Godoy y Claudia Brizuela no fue así.

Por esto es importante remarcar el artículo 4 del proyecto de CABA que plantea lo siguiente:

“Las personas que ejerzan el trabajo sexual o presten servicios a ellas, de acuerdo a las normas establecidas en la presente ley, no son pasibles de detención, aprehensión o demora por parte de la autoridad policial, ni de encausamiento judicial, decomiso o retención de sus pertenencias, por el solo hecho del ejercicio de su actividad, por organizarse en comunidad o cooperativas para el ejercicio de su profesión y de sus derechos”.

La primera parte del artículo plantea una problemática real que ya mencionamos antes, el hecho de que las personas en la prostitución son perseguidas por la policía, que las amenaza y les cobra coimas siempre que encuentran la posibilidad. Es necesario enfrentar esta problemática y continuar con la derogación de los códigos contravencionales que permiten la violencia de las fuerzas policiales sobre las y los trabajadores.

Aún así, el problema lo encontramos en la segunda parte del artículo que establece que no se puede detener a una persona por la organización en comunidad o cooperativas cuando sabemos por los tres casos legales expuestos en este artículo que esa organización viene acompañada de explotación y violencia.

Lo que deberíamos preguntarnos es si detrás de estas palabras hay una intención de encubrir la explotación y ejercerla libremente bajo la protección de una ley que no establece divisiones entre trata de personas y trabajo sexual. ¿Por qué Ammar escribe y comunica que el trabajo sexual es consentimiento, y que este consentimiento debe ser comprobado por un psicólogo según sus repetidos proyectos de ley, cuando a puertas cerradas se encuentra todo menos la libertad?

En estos proyectos presentados a nivel nacional y provincial, hay grietas que dejan vacíos legales donde no deberían. Según el artículo 13 del proyecto de CABA, las inspecciones a establecimientos en donde se ejerza el trabajo sexual tendrán una periodicidad que “no podrá ser inferior a una cada cuatro meses”. Teniendo en cuenta que en estas falsas cooperativas –como también en whiskerías, burdeles y otros lugares donde dicen que se ejerce el trabajo sexual– se han encontrado repetidas veces casos de trata de personas, los números son sospechosos.

La rotación es un método conocido dentro de la trata de personas. Es una característica estructural del sistema prostituyente en donde las víctimas son trasladadas de un prostíbulo a otro en cortos periodos de tiempo con dos objetivos. Primero, que los “clientes” tengan variedad a la hora de elegir a las víctimas, y segundo, que estas víctimas no sean encontradas ante posibles allanamientos de la policía –muchas veces las fuerzas policiales avisan a los proxenetas de los allanamientos para que se escapen del establecimiento.

“Hay víctimas que son traídas desde otra región en donde vivían en una de situación de explotación y son trasladadas de un prostíbulo a otro, donde se encuentran con un panorama similar al que tenían”, explicó Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), en una entrevista del Ministerio Público Fiscal.

Cuatro meses se vuelve un periodo demasiado largo teniendo en cuenta que las víctimas pueden llegar a ser trasladadas en tiempos menores a un mes. No se está brindando ningún tipo de seguridad ni protección a las mujeres que pueden ser sometidas en las falsas cooperativas. Si este proyecto de ley se aprobara, se vuelve fácil decir “la explotación no existe, las inspecciones lo comprueban”. La fachada es peligrosa y las víctimas pierden su protección.

Las consecuencias: el aprovechamiento de la vulnerabilidad

En nuestro país, al igual que en muchos países latinoamericanos, el ingreso a la prostitución está íntimamente ligado a situaciones de vulnerabilidad económica y social. Es decir, que muchas de las adolescentes y mujeres que ingresan a este mundo lo hacen por necesidades económicas, y muchas de las adolescentes trans y travestis lo hacen por un estigma social que en muchas ocasiones comienza en sus propios hogares, ocasionando que se vean a temprana edad expulsadas de estos y quedando en situación de calle.

A esto se le suma el estigma con el que cargan mujeres, hombres, niñas, niños, trans y travestis por ser pobres. Las personas que nacen dentro de un grupo marginado de la sociedad se encuentran con un número muy limitado de actividades a realizar para poder subsistir, entre ellas el cirujeo, el reciclado, el pungueo, el narcomenudeo y la prostitución.

En las circunstancias en las que se viven en las villas de emergencia y en los barrios más humildes no existen muchas opciones para aquellos que logran llegar a la vida adulta y no tan adulta. Por lo que la elección a la hora de pensar la actividad o actividades para poder subsistir es muy limitada. Pensemos en el caso de Johana Ramallo, quien como cuenta su madre, se comenzó a prostituir luego de hacerse adicta a la cocaína, y donde todo su ambiente se dedicaba a alguna de estas actividades, ya que si tenían la suerte de no morir en el camino o quedar detenidos perdiendo su libertad, no les quedaba otra que salir a robar o prostituirse.

Pensemos en qué pasaría con todas las personas que ingresan al sistema prostituyente únicamente por una necesidad económica más o menos eventual o incluso porque no tienen más alternativa que salir a la calle a pararse en una ruta o una esquina. Al quedar contempladas dentro de los proyectos de ley de Ammar, ni siquiera podrían utilizar estos como una alternativa para escapar del hambre, ya que si no contaran con el carnet habilitante, con el lugar privado para realizar la actividad y con todos los requisitos que exigen los proyectos de ley quedarían por fuera de la legalidad y así pasarían a realizar una actividad ilegal, empeorando aún más su situación de vulnerabilidad.

Es imposible ver el escenario completo de lo que conlleva todo este universo pero se puede entrever que todas aquellas personas que están en situación de prostitución son ofuscadas por las fuerzas policiales, que las presionan para que le den las coimas por estar ocupando la esquina o la calle, soportando las requisas, la confiscación de sus bienes personales y las detenciones arbitrarias, por otro lado los locales o privados se ven en situación de tranzar con la policía y con autoridades municipales o provinciales, al mismo tiempo que lidian con los allanamientos o al menos con el fantasma de estos.

Al reglamentar, al menos con los proyectos de ley que se propusieron, no se estaría resolviendo, sino que empeorando la situación de la prostitución callejera, solamente se estaría abordando el problema de los allanamientos a los privados. Así las personas que ingresan al sistema prostituyente por necesidad estarían aún en mayor vulnerabilidad.

Las intenciones de Ammar se volvieron dudosas en ese instante en 2013 donde la noción de “trabajo sexual” se vio distorsionada por la explotación sexual encubierta. Pero hoy, la duda aumenta cuando leemos proyectos que no solo aumentan la vulnerabilidad de las y los trabajadores sexuales sino también de las víctimas de la marginación que entran a la prostitución su vulnerabilidad.

Deberíamos preguntarnos cuánto tiempo más vamos a permitir no sólo la privación de la libertad, sino que las víctimas se sigan multiplicando, la mayoría silenciadas, a lo largo del país.